El rigor del cumplimiento de la ley, como ideal político de cualquier sistema organizativo, incluye principios procedimentales y estructurales sustentados en valores éticos previos. La idea de la superioridad de las leyes se apoya vigorosamente en creencias firmes, hábitos y costumbres arraigadas a lo largo de la historia. Todo ello en aras de lograr el anhelado orden social justo. La ley se convierte así en su propia racionalización y sistematización. Sin embargo, tal ley, ajena a ese logro, anhelo y sustento, se convierte en algo artificial dependiente de la fuerza coactiva del Estado para exigir su cumplimiento a través del Derecho Sancionador.